miércoles, 23 de noviembre de 2011

ANDRES BELLO







ANDRES BELLO

©Giuseppe Isgró C.



Andrés Bello, -el primer humanista de América-, es uno de los dos Aristóteles que, simultáneamente, dio Venezuela. El otro fue José María Vargas.
La vida de Andrés Bello contempla tres etapas claramente definidas: la primera, denominada “La caraqueña”, desde su nacimiento, el 29 de noviembre de 1781, hasta el 10 de junio de 1810, día en que, junto con Simón Bolívar y Luis López Méndez, viaja a Londres, en misión diplomática.
La segunda, “La londinense”, cuya duración alcanza hasta el 16 de febrero de 1829, fecha en que se embarca en el bergantín Grecian con destino a Valparaíso; y la tercera, “La chilena”, desde el 25 de junio hasta el 15 de octubre de 1865.
En cada etapa, Andrés Bello, cumple un rol y todas forjan al maestro de América, personalidad tan rica en contenido vario y de multiplicidad en la acción, que, bien podría decirse, vivió muchas vidas en una sola y en cada una brilló la creatividad del genio.
Sí solamente hubiese escrito su obra “La Gramática de la Lengua Castellana destinada al uso de los americanos”, habría pasado a la historia como uno de los grandes hombres de América y de la humanidad, por cuanto, tal como lo señaló Dámaso Alonso, -en su prólogo, en la edición respectiva de las Obras Completas-, es una de las mejores que se han escrito en lengua española, y una de las mejores del mundo.
Es el primer, -y el más importante-, poeta de corte clásico que, en su rango, ha dado el continente americano.
Sus “Silvas”, -a la Agricultura de la Zona Tórrida-, la Alocución a la Poesía, etc., que formaban parte de una obra de mayor extensión, intitulada América, y su traducción de “Orlando enamorado”, lo califican como uno de los mejores poetas descriptivos de la lengua española.
Andrés Bello, es, con justicia, con su Código Civil de Chile, -de elevadísima excelencia-, -al igual que Alfonso X el Sabio, con sus obras EL ESPECULO y LAS SIETE PARTIDAS-, uno de los grandes legisladores –que a nivel individual-, ha dado la historia de la humanidad, en cuya estructuración, si bien, Bello, consultó todos los códigos existentes, en su época, refleja originalidad en los enfoques y maestría inigualable en su redacción. El Código Civil, es una obra que, comenzada en equipo, dejó en el camino a sus integrantes, excepto a Bello, quien con tenaz persistencia, continuó su elaboración por más de veinte años, el cual fue aprobado sin enmiendas, -salvo las hechas por él mismo, posteriormente-, por unanimidad, por el Congreso chileno, en 1855. Casi todos los países latinoamericanos lo adoptaron, excepto Venezuela. Aún conserva vigencia, salvo las adaptaciones fruto de los avances de los pueblos. Es un clásico de lectura obligada para todo intelectual y por las nuevas generaciones.
Fue, Andrés Bello, -en América-, el pionero del Derecho Internacional, publicando, en 1832, su obra “Principios de Derecho Internacional”, -inspirándose en la grandiosa obra jurídica del maestro de Salamanca y asesor de Carlos V, Francisco de Vitoria, fundador del Derecho Público Internacional, y gran exponente del Derecho Público Interno y Derecho Natural, así como en las obras de Hugo Grocio, Samuel von Pufendorf y Emerich de Vattel, entre otros-, la cual escribió para orientar, adecuadamente, y optimizar, las relaciones internacionales de Chile.
De igual manera, escribió un excelente tratado sobre “Derecho Romano”. Como crítico, Bello, sintetiza, en profundo y ameno análisis, toda la obra literaria de la antigüedad, desde los Vedas, el Mahabharata, los Upanishads, los clásicos griegos, los hebreos, -escribió una descripción sintética de la Biblia-; los latinos, -cuya síntesis, por ejemplo, es una de las mejores que leerse puede, aún comparándola con otras de autores posteriores-; pasando por los clásicos españoles, franceses, ingleses, y las más importantes de su época, incluyendo escritores neo-clásicos del Renacimiento, y los máximos exponentes del Romanticismo.
Su estudio del Mio Cid, -buscando la influencia de sus orígenes-, es un tratado que recibió elogios de Menéndez Pelayo.
La gramática latina, comenzó a estudiarla -en temprana edad-, en Caracas, dejando sus frutos al complementar la obra de su hijo Francisco Bello. La gramática griega la profundizó en la casa de Francisco de Miranda, en Londres, lo cual le permitió leer, en sus originales, los clásicos griegos.
Sus escritos históricos y geográficos reflejan la profundidad de su visión, -tanto en sus poemas como en otros artículos-, dejando un excelente “Resumen para la Historia de Venezuela” y la obra “Cosmografía”, en la cual sintetiza conocimientos de astronomía.
Tuvo en gran estima la Historia de Roma, de Tito Livio, que releyó gran número de veces.
Su labor en el Senado –es elegido senador en 1837 y reelegido sucesivamente hasta 1864 (se le concedió la ciudadanía chilena mediante una ley especial)-, dejó discursos que constituyen fuente obligada para todo político.
Su labor periodística la inicia, Bello, en Caracas, pero, la desarrolla en mayor grado con la fundación -en compañía del neogranadino Juan García del Río-, de la Biblioteca Americana, en 1823, de corta duración. En 1826, funda, él solo, el Repertorio Americano, rigurosamente americanista. En 1831 comienza a publicar en el Araucano, del cual será su director en 1850. Bello, publicaba la síntesis de todos los avances y progresos de su época para orientar –instruyendo-, al pueblo de Chile y de América.
Su labor como educador, en todos los niveles, alcanza la máxima expresión creativa con la fundación de la Universidad de Chile, de la cual fue su primer rector desde el 21 de julio de 1843, durante 23 años. Su discurso inaugural por si solo sería suficiente para calificarlo como un gran pensador. Se constituyó en forjador de la sociedad culta de Chile, dejando una constelación de discípulos de gran quilate, que van a seguir los pasos del maestro.
Bello ha recibido, merecidamente, el título de Maestro de América, por su influencia modeladora en todo el continente.
Como filósofo, dejó su huella profunda en la obra “Filosofía del Entendimiento”, publicada en 1842, cuya proyección futura contemplaba una segunda parte sobre la filosofía de los valores –axiología- y la ética. Bello fue masón, iniciándose como tal, en la Gran Reunión Americana, fundada, en Londres, por Francisco de Miranda, en 1797. Cultivó una profunda espiritualidad y acentuada vocación de servicio a la humanidad. Constituye un digno paradigma para las nuevas generaciones, a nivel mundial, y a la vez, un ejemplo de la calificada descendencia que España sembró, prolijamente, en América. El “sentimiento bellista” unifica a millones de intelectuales, en el mundo entero, en la admiración hacia la vida, las obras y las enseñanzas del maestro. Adelante.





lunes, 21 de noviembre de 2011

Costituzione della Repubblica italiana



Costituzione della Repubblica italiana

Edizione del 1 gennaio 1948

Principî fondamentali

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.4

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte I

Diritti e doveri del cittadino

Titolo I

Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziario con le garanzie stabilite dalla legge.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi iberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

27. La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrati, dagli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II

Rapporti etico-sociali

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, confutabile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III

Rapporti economici

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro

esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

39. L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività económica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV9

Rapporti politici

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necesario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte II

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

SEZIONE I.

Le Camere.

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale resulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II.

La formazione delle leggi.

70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti válidamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta

giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti

giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri

necessari.

79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due

terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La

legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni

caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla

presentazione del disegno di legge.

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di

natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del

territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal

Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per

periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove

spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi

fronte.

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da

rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle

indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ordinamento della Repubblica

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi

membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in

modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo

delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a

maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la

maggioranza assoluta.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto

cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati

convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo

Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione

ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono

prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della

Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente

della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono

sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,

quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito

secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o

anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi

coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai

ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati

anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a

maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento

di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in

seduta comune.

Ordinamento della Repubblica

Titolo III

Il Governo

SEZIONE I.

Il Consiglio dei Ministri.

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri,

che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su

proposta di questo, i Ministri.

93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni,

prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per

appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per

ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e

le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi

stabiliti dalla legge.

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i

magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, I rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III.

Gli organi ausiliari.

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla

legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto

della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le

funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione

economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela

della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e

anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle

forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro

eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Ordinamento della Repubblica

Titolo IV

La Magistratura

SEZIONE I.

Ordinamento giurisdizionale.

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle

norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto

istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie,

anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione

per la tutela nei confronti delle pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in

particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo

di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altropotere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di

Cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli

appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra

professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono

immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte

del Parlamento o di un Consiglio regionale.17

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme

dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni

e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati

all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari d'università in

materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi

speciali per le giurisdizioni superiori.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio

né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore

della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite

dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme

sull'ordinamento giudiziario.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico

ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al

Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli

organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per

violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali

militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione

è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione

ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di

impugnazione o per determinate categorie di atti.18

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica

amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Ordinamento della Repubblica

Titolo V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i

principi fissati nella Costituzione.

116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla

Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti

speciali adottati con leggi costituzionali.

117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in

contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

o ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

o circoscrizioni comunali;

o polizia locale urbana e rurale;

o fiere e mercati;

o beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;

o istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

o musei e biblioteche di enti locali;

o urbanistica;

o turismo ed industria alberghiera;

o tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

o viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

o navigazione e porti lacuali;

o acque minerali e termali;

o cave e torbiere;

o caccia;

o pesca nelle acque interne;

o agricoltura e foreste;

o artigianato;

o altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme

per la loro attuazione.

118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel

precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere

attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni

amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle

Province, ai Comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.19

119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi

della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni

delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno le

Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con

legge della Repubblica.

120. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le

Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione

delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio

nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla

Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di

legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti

regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,

conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei

consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una

delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri

lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse

e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi

componenti.

123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi

della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo

statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti

amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende

alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla

Regione.

125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma

decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della

Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto

di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio

regionale.20

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo

l'ordinamento stabilito da leggi della Repubblica. Possono

istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

126. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla

Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di

sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una

maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica,

sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei

modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al

Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria

amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla

ratifica del nuovo Consiglio.

127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che,

salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni

dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non

prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal

Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e

l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio

regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con

quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione

del visto.

Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi

componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,

promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito

per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia

la competenza.

128. Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi

generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

129. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e

regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni

esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica,

esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei

Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di

richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

131. Sono costituite le seguenti Regioni:

o Piemonte;

o Valle d'Aosta;21

o Lombardia;

o Trentino-Alto Adige;

o Veneto;

o Friuli-Venezia Giulia;

o Liguria;

o Emilia-Romagna;

o Toscana;

o Umbria;

o Marche;

o Lazio;

o Abruzzi;

o Molise;

o Campania;

o Puglia;

o Basilicata;

o Calabria;

o Sicilia;

o Sardegna.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di

Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti,

quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo

delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla

maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,

consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una

Regione ed aggregati ad un'altra.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province

nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei

Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio

territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Ordinamento della Repubblica

Titolo VI

Garanzie costituzionali

SEZIONE I.

La Corte costituzionale.

134. La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi

forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e

tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della

Costituzione.22

135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal

Presidente della Repubblica, per un terzo del Parlamento in seduta comune e per un terzo

dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle

giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in

materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte elegge il presidente tra i suoi componenti.

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme

stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della Corte

è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con

l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri

intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni

legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità

a senatore.

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto

avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali

interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità

dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il

funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II.

Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate

da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre

mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella

seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla

loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o

cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non

è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da

ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le

attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.23

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i

Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con

decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che

posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

o sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

o hanno fatto parte del disciolto Senato;

o hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

o sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre

1926;

o hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a

condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri

del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di

nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di

nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante,

con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati

internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla

data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione

degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale

supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in

conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento

vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle

controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme

preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della Corte

stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni

provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il

passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al

riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle

Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni

deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti

dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo24

ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di

necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue

leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle

Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano

provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la

tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi

costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131,

anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo

restando tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio

dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla

eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire

uffici pubblici, né cariche elettive.

Agli ex re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati

l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e

dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti

reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti

dalla legge.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto

legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello

Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al

coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora

esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro

il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti

regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere l'Assemblea Costituente può essere

convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua

competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del

decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.25

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative

rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e

proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è

convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento

deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro

cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in

vigore il 1°gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della

Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa

prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della

Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.